El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta presentó ante la Justicia Federal una demanda de inconstitucionalidad de la Resolución Nº 25/11 de la Unidad de Información Financiera.

Entre los considerandos se sostiene que son totalmente arbitrarias y desproporcionadas las obligaciones que surgen de esta normativa, ya que en función del conocimiento e idoneidad profesional de los contadores, se los pretende transformar en investigadores, realizando una tarea que resulta totalmente ajena a las incumbencias profesionales previstas por la Ley 20.488.

En este sentido el presidente del Consejo Profesional, Cr. Oscar Briones, aclaró que “los contadores públicos no estamos en contra de la Ley de Lavado de Dinero, sino de la función que la Resolución de la UIF, nos confiere. No somos investigadores privados de nuestros clientes ni estamos preparados para ello”.
Además, Briones fue contundente al señalar que “el Estado transfiere al Contador Público la responsabilidad que él mismo tiene para determinar el delito de Lavado de Dinero”, y agregó “estamos cansados de absorber responsabilidades que debe cumplir el Estado”.

La acción de inconstitucionalidad se presentó luego de escuchar la opinión de los matriculados, debatirla en el seno de la comisión directiva del Consejo, y analizar la postura de los asesores en materia institucional.

Esta Resolución generó malestar en los profesionales matriculados y desde el Consejo se dejó en claro ante la comunidad, que están en contra de la evasión y del lavado de dinero: “Lo repudiamos, no sólo profesionalmente, sino humanamente”, finalizó el Cr. Oscar Briones.