Por Adolfo Atchabahian

De ningún modo se me escapa que la temática que nos disponemos a encarar luce, en principio, con el agrio saber de cuanto, en alguna medida, tiene limitada relevancia. Sin embargo, he de procurar poner de manifiesto que no es así, tanto más porque confío en la comprensión de una audiencia como la vuestra, habituada a compartir los avatares en medio de los cuales se desenvuelve toda administración pública en cualquier país.

Un punto de partida indispensable en esta materia es el de tener conciencia de la importante gravitación que, en nuestro tiempo, tiene la demanda de bienes y servicios por parte del Estado, destinada a satisfacer las llamadas necesidades públicas, tan diversas, tan polifacéticas.

He ahí una realidad no susceptible de ser controvertida, y que se traduce –en cuanto a nuestro tema concierne– en la presencia significativa de tal demanda en el mercado, en proporciones que han crecido notablemente a partir de las épocas –léase primeras décadas del siglo XX– en que se hizo preciso abandonar la actitud del Estado-gendarme, para asumir la del que requiere contemplar su responsabilidad en muchas otras facetas del bienestar de la comunidad.

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