“Necesitamos profesionales
al servicio del Estado”

En el marco de las X Jornadas Nacionales del Sector Público, el Contador General de la Nación, César Duro, conversó con la revista del Consejo y profundizó algunos conceptos que vertió en el encuentro académico.
Comenzó aclarando que no es político, y que su función es netamente técnica. De hecho, accedió al prestigioso cargo que ostenta por concurso y lleva más de 30 años al servicio de ese organismo. “No puedo tener posición política, yo me debo a la Contaduría de la Nación. Allí hay información sensible que surge de la gestión presupuestaria y financiera de los organismos”, definió el profesional y agregó que la tarea consiste en agrupar esos datos de diversa manera para que las autoridades tengan acceso. “El punto final es presentar al Congreso la cuenta de inversión con un detalle analítico del cumplimiento del presupuesto que votó el mismo Poder Legislativo”. En otro tramo de la charla avanzó sobre un tema candente: las normas de la IFAC para el sector público, sobre las que sostuvo una posición clara y contundente.

¿Cómo se trabaja en la función pública cuando existe una imagen negativa instalada sobre los funcionarios públicos?
Hoy, hay un sector público cada vez más profesional. Hace muchos años el empleado público era una suerte de botín de guerra del político de turno. Hoy, la administración pública, en cambio, está súperprofesionalizada, se exigen títulos de grados, doctorados y se accede a los cargos por concursos públicos.
La Subsecretaría de Presupuesto, donde está inserta la Contaduría General, es un organismo muy técnico, y por suerte la política lo ha venido respetando. En la Oficina Nacional de Presupuesto, en la Tesorería General de la Nación, uno encuentra funcionarios de muchísimos años de trabajo, muy profesionales y con gran experiencia.

¿Cómo se trabaja en pos de la transparencia?
La contabilidad pública hasta hace unos 20 años fue un coto reservado para algunos expertos, a partir de la reforma se fue abriendo y modernizando la contabilidad de registro y se desarrollaron nuevos sistemas que permiten conocer, en línea, las transacciones del Estado y se han ido incorporando nuevas herramientas para tener mejor información en tiempo real.
Para que el ciudadano tenga acceso inmediato nosotros colaboramos publicando el avance de ejecución presupuestaria. La cuenta de inversión es publicada en la pagina web de la Contaduría General de la Nación. Creemos que el ciudadano tiene que saber cuánto costó la seguridad, cuánto costó la justicia, etc; y para eso la Contaduría General de la Nación desarrolla un sistema de contabilidad de costos para el sector público. No es una tarea fácil, pero la idea es posibilitar la medición de la eficiencia en la gestión.

Al ciudadano común, ¿le sirve? Aun teniendo acceso, ¿sabe para qué?
De nada sirve toda esta tarea en pos de la trasparencia, si el ciudadano no está capacitado, por eso, otro de los trabajos que se viene haciendo es insertar temas vinculados a la gestión financiera y presupuestaria del gobierno en todos los estamentos educativos. La máxima aspiración es que se inserten estos conceptos en la currícula de la escuela primaria. El niño debe comprender cómo se administra un Estado y saber que los bienes del Estado son del ciudadano y no del gobierno.
En estos momentos, estamos en la etapa de incorporar la materia en la currícula obligatoria en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires que es la casa de altos estudios que más profesionales forma anualmente en el país. Este ya es un avance. Y este tipo de Jornadas de difusión son fundamentales también por eso es una satisfacción que los Consejos hagan este tipo de encuentros.

¿Qué diferencias existen entre la contabilidad pública y la privada?
La contabilidad es la misma. La esencia es la misma. Somos todos contadores.Lo que se tiene que romper es la dicotomía como si quienes ejercen en el ámbito privado y en el ámbito público fuesen dos razas distintas. Son sólo diferentes ámbitos de la economía. Sólo hay distintas particularidades. El gran error que se comete hoy es casualmente pretender que principios contables válidos para una actividad se generalicen hacia otra actividad.

¿Cual es su opinión sobre las normas de la IFAC al respecto?
En este punto, hay varias cuestiones que considerar. La IFAC estableció“estándares” y un error no salvado de traducción que los llamo “normas”. Para ser claros, si son estándares son lineamientos, en cambio las normas son de cumplimiento obligatorio. En nuestro caso, en Argentina colisiona con la Ley nacional que establece que es la Contaduría General el órgano rector para dictar las normas. Es decir, a nuestro criterio, una entidad que no tiene competencias, nos dice cómo hay que trabajar. Esto fue reclamado por el Foro Iberoamericano de Contabilidad Pública que reúne a todos los profesionales de Iberoamérica, posición también compartida por Francia según se presentó en un Congreso.
De fondo, el problema es que los estándares para el sector público son prácticamente copia de los aplicados para el sector privado. Y esto es, a mi criterio, la base del problema. Normas para un sector lucrativo no pueden ser aplicables a rajatablas para un sector cuyo objetivo es el servicio público y el bien común.
Dado el desconocimiento sobre cómo funciona el sector público hay cuestiones de importancia para la economía social y el Estado que estas normas no tratan, como ser bienes naturales, bienes de herencia, etc. Se pueden unificar criterios para empresas comerciales porque generalmente, el management y el fin, son similares entre las empresas lucrativas. En cambio en el Estado, cada país, además de un marco normativo propio, tiene profundas diferencias sociales, culturales, económicas, que no son contempladas. Es imposible normatizar para 190 países.

En este contexto, ¿cuáles son los desafíos para los profesionales que se desempeñan en la administración pública?
Precisamos gente que piense como sector público. Y en esto los desafíos son una mayor capacitación de los profesionales que trabajan en este ámbito; un sector público con normas pensadas, proyectadas y planificadas, por y para el sector público; no “pelear” por quien sale en la foto, sino trabajar por el fondo de la cuestión. En definitiva, profesionales que sirvan a los fines del Estado.