Esta vez ganó el contribuyente: no hubo ni defraudación ni omisión porque la AFIP no pudo presentar pruebas.
El organismo de recaudación determinó que se habían cumplido los requisitos para imponer la penalidad a una compañía, pero el Tribunal Fiscal lo impidió. ¿Cuáles fueron los argumentos que llevaron a los vocales a dictar la nulidad del acto? Las claves del caso y la opinión de los especialistas.
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