Entrevista realizada a la Dra. Laura Emilse Marulanda Tobón es abogada especialista en Gerencia Pública. Se desempeñó como Auditora General de la República. Es autora de varios libros sobre control fiscal. Actualmente, se desempeña como Fiscal Delegada en el marco de las Jornadas Internacionales de Control Externo de la Administración Pública y el XXIII Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Externo de la República Argentina realizadas en Salta en septiembre de 2015.

Durante su disertación sobre “El Sistema de Control de la Hacienda Pública en Colombia”, la Dra. Laura Emilse Marulanda Tobón explicó que Colombia tiene un sistema de control unipersonal, donde no existen los tribuales de cuentas. El sistema incluye 32 contralorías departamentales y 26 contralorías municipales que vigilan los recursos de los respectivos gobiernos. Según señala Marulanda, “lo más novedoso de nuestro sistema, es que las personas que controlan tienen quién los controle, que es la Auditoría General de la República. No hay un sistema parecido en el mundo”.

La Auditoría General de la República revisa la gestión fiscal de todos los contralores que vigilan a su vez a los departamentos, a los municipios y a la nación. Es un sistema unipersonal y el Auditor General es elegido por un proceso de selección que hace la Corte Suprema de Justicia, donde escoge una terna que es enviada al Honorable Consejo de Estado y es ese órgano  el que decide quien será el auditor general.

Sobre la injerencia del poder político en estos espacios de control, Marulanda sostiene que “la no politización es lo ideal, pero en todas partes del mundo hay injerencia política. Garantizando la independencia de los contralores, en la forma de elección y eligiendo que sean personas muy capacitadas, se podría contrarrestar algo esa situación. En Colombia hasta junio de 2015 la elección de los contralores también era por una terna que se presentaba ante los tribunales y esto garantizaba la independencia. Pero con la reforma de Equilibrio de Poderes que rige desde el 20 de julio pasado, los contralores serán elegidos directamente por el Congreso, las Asambleas y los Consejos, lo que hace que la elección sea netamente política. Creo que viene un mal momento para el control fiscal colombiano”.

Para la especialista, la mayor virtud del sistema de control colombiano es que quienes examinan o los sujetos vigilados, sienten que no son tan independientes, que tienen un control y eso los obliga a hacer las cosas bien. “En la independencia, la auditoría ha dado muy buenos resultados. En mi período, por ejemplo, tuvimos hallazgos por más de 18 mil millones de pesos en procesos de responsabilidad fiscal. Eso es muy importante”, dice Marulanda, y señala que “la mayor debilidad que tiene la auditoría es su período de duración“, que es sólo de dos años, “tiempo en el que no se alcanza a terminar todo lo que se inició”.

Finalmente, otro aspecto que diferencia a este sistema es la participación ciudadana, ya que según la entrevistada la misma es muy fuerte. Al respecto, Marulanda manifestó: “Todo lo referido a la participación ciudadana está incluido en la Constitución desde 1991, tiene una norma que regula cómo se debe ejecutar la participación ciudadana. En este punto, las contralorías tienen la obligación de promover la participación ciudadana, capacitando a los ciudadanos y ayudándolos a organizarse en grupos de veedores. Pueden denunciar los hechos de corrupción o el mal manejo de los recursos públicos y es obligación de todas las entidades públicas dar trámite a esa queja o crítica. La denuncia puede ser hasta anónima y puede hacerse a través de una página web o a través de una carta. En la auditoría los hechos más importantes que se encontraron fueron gracias a denuncias ciudadanas”.