Chicolino, Ricardo Miguel
La prueba en el procedimiento administrativo
Buenos Aires: Errepar, 2016
201 pág.; 22 cm.

Abordar el estudio, desde una perspectiva jurídica, de la prueba propiamente dicha, como así también de los distintos medios probatorios que aportan las partes durante el desarrollo del procedimiento determinativo y luego del proceso recursivo, siempre constituye un desafío. Más aún si se tiene en cuenta que el ámbito en el cual se desarrollan conforma la estructura a partir de la cual se plasma el ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio, entre otros, que en la actualidad y por diversas razones se ha constituido en uno de los ejes del debate en el contexto del derecho tributario.

En el ejercicio del derecho a la defensa en juicio nos adentramos en el campo del derecho administrativo para garantizar al contribuyente el derecho a ser oído y a ofrecer y producir prueba, que se conjuga con el fin principal que debería guiar la actividad verificadora y fiscalizadora de la administración en el camino de la búsqueda de la verdad material por sobre todas las cosas.

Así también, las amplísimas facultades concedidas por el legislador al organismo de control, con el fin de atemperar las desventajas que presenta un sistema tributario autodeclarativo por naturaleza, exigen un análisis detallado para destacar el rol de la prueba en el desarrollo del procedimiento de verificación y fiscalización.

El núcleo de esta obra es el estudio –en el contexto señalado– de la prueba, de la carga y de los distintos medios probatorios, de los derechos y facultades de las partes y de los diferentes tipos de normas dictadas por el organismo de control que conforman el bloque de legalidad. Respecto de esto último, se analiza si dichas normas pueden constituirse en argumentos de defensa ejercida por el contribuyente, o si, por el contrario, su aplicación forma parte exclusiva de la actividad fiscal.

Transitamos una etapa en la que el organismo fiscal profundiza el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales y recurre -con cierta habitualidad- al ejercicio de una relación en la que prevalece el poder por sobre el derecho. Esta situación resulta contradictoria, dado que recientemente ha sido sancionado el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual genera un cambio estructural significativo gracias a la incorporación de nuevas temáticas y a la reelaboración de otras que resultan trascendentes para la vida en sociedad al poner especial atención en la protección de los derechos personalísimos, un avance indiscutible, propio de una sociedad que aspira a ser más libre, igualitaria y tolerante.