Escribe Gregorio  A. Caro Figueroa

Este  año  conmemoramos  200  años de la declaración de la independencia política y administrativa del rey de España, de sus sucesores y de cualquier dominación  extranjera. Esta  decisión se adoptó después que el rey Fernando VII recuperara el trono en España, en momentos que las monarquías absolutistas se fortalecían en Europa y cuando el movimiento independista americano estaba debilitado por sus peores derrotas militares.
Este documento fue firmado el 9 de julio de 1816 por 33 representantes al Congreso Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que comenzó a deliberar en Tucumán el 24 de marzo de ese año, y concluyó el 11 de febrero de 1820, tres años y siete meses después. sus más importantes medidas fueron la Declaración de la Independencia y la efímera Constitución de 1819, cuyo rechazo por varias provincias marcó el comienzo de las guerras civiles.
A partir de 1810, independencia y Constitución fueron los dos principales objetivos a cumplir. A la independencia se llegaría por el triunfo de las armas. Logrado este objetivo, había que encarar la enorme tarea de reemplazar la legislación, las instituciones y el orden que rigió durante tres siglos de administración española. La independencia debía consolidarse con instituciones regidas por una Constitución aceptada por las provincias.
La declaración menciona cuatro veces la palabra independencia. Dos aluden a la voluntad de constituir un gobierno propio sustentado  en  normas  e instituciones necesarias para construir una “Nación libre e independiente”. La independencia era la libertad exterior, primer paso del camino a la libertad interior y garantía de la libertad de sus habitantes, señaló Alberdi. “El gobierno de un país no es más que la suma de las libertades de sus habitantes”, añadió.
Aunque la independencia fuese declarada, sin unión, sin orden, sin organización y sin ley que rigiera al nuevo Estado, ella sería un frágil edificio. “Antes que todo es la Patria, la suerte y salud del Estado, la Independencia y la Constitución”, se lee en el Manifiesto del Congreso a los Pueblos de la Unión del 1º de agosto de 1816.
En el año 1900, Joaquín V. González afirmó que la del Congreso de 1816 fue “una tarea grandiosa, y sus caracteres históricos marcarán en el porvenir los de la personalidad surgida de ese supremo esfuerzo”.
También se preguntó: “¿Qué hemos hecho nosotros para engrandecer y embellecer aquel legado? ¿Cuál es la cuenta que debemos rendir hoy a los antepasados, cuyos inanes nos interrogan desde sus tumbas, dispersas por el ostracismo y el infortunio? ¿Qué uso hemos hecho de la soberanía que nos transmitieron, y de la libertad con que nos bautizaron al dejarnos dueños de la vida y de nuestro propio destino?”
Hoy, 116 años después, somos los argentinos del siglo XXI quienes tenemos la obligación de estar a la altura de aquel legado y de responder esos interrogantes.

Gregorio A. Caro Figueroa es periodista, ensayista. Dirigió revistas culturales. Redactor principal  de  la  revista  “Todo es Historia”, fundada por Félix Luna. Codirector de la Biblioteca Privada “J.   Armando Caro”. Es autor de “Historia de la Gente Decente en el Norte Argentino”. Es coautor con Félix Luna y maría Saénz Quesada de “Historia integral de la Argentina”; “salta bibliotecas y archivos”; “Salta-Argentina”;   “El  milagro de los salteños: cuestión de fe”; “El otro Güemes”, y “De vencedores y vencidos”. Fue Coordinador General de Bibliotecas y Archivos de salta, vocal de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y secretario de Cultura de la Provincia de salta. Consultor en temas históricos del Centro de Interpretación Casa de Güemes.