Escribe: Cr. Javier Montero

Mediante un proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura en agosto pasado, Salta se convirtió en una de las primeras provincias en adherir al Régimen Especial de Sinceramiento Fiscal dispuesto por el Gobierno Nacional, informalmente conocido como “blanqueo de capitales”. Tras su aprobación por ambas cámaras legislativas, el texto de la ley será promulgado en los próximos días.
Al proyecto lo hemos trabajado des- de nuestro Ministerio, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Si bien tiene su parte impositiva como todo régimen de sincera miento fiscal, la esencia de nuestra adhesión radica en la posibilidad de que Salta pueda captar parte de las posibles inversiones que lleguen al país.
El Gobierno Nacional expresó públicamente que aspira a que una parte de los fondos que se sumen al blanqueo se vuelquen a inversiones pro- ductivas, en particular en economías regionales como la nuestra. Como somos una Provincia activa en la búsqueda de nuevos capitales, el gobernador Juan Manuel Urtubey entendió que debíamos estar rápidamente a la altura de las circunstancias y de las expectativas generadas con el sinceramiento fiscal.
La normativa prevé un “tapón fiscal” para las obligaciones anteriores al reconocimiento y declaración de los bienes, en la misma línea que la ley nacional; y también establece el pago de un impuesto especial equivalente al 10% del que cobre la Nación. Sin embargo, aquellos sujetos que decidan blanquear y luego invertir lo que “blanquearon” en inversiones productivas en nuestra Provincia, quedarán eximidos del pago del impuesto especial provincial.
Esto es así en función de lo establecido por el artículo 42 de la ley nacional, donde claramente quedó plasmado que el interés final de dicho esquema es no sólo permitir a aquellos sujetos con dinero o bienes ocultos que puedan ingresarlos al circuito formal; sino también incentivar a que dichos bienes se destinen a inversión, lo que a su vez implica la generación futura de mano de obra.
Salta tiene un gran potencial para la recepción de inversiones en sectores como la minería, energías renovables, la instalación de industrias, los proyectos agro ganaderos, agro industriales, turismo e inmobiliarios. Por ello, lograr que parte de los fondos que ingresen al circuito formal como consecuencia del sinceramiento se transformen en inversiones, se convirtió en un gran objetivo y un gran desafío. Sin duda, vamos a tener un trato diferenciado con todos aquellos que elijan invertir y producir en nuestra provincia, pero siempre bajo el esquema legal establecido por la Nación y supervisado por la AFIP.
La semana pasada comenzamos a trabajar en la reglamentación de la ley, en una reunión convocada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a través de su presidente, el contador Jorge Paganetti, y de la que participaron también representantes de la Unión Industrial de Salta, la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara Inmobiliaria y el Copaipa, entre otras instituciones.
A partir de la reglamentación de la ley, quedará establecido todo el procedimiento de aplicación, como así también el esquema de los beneficios locales. Entendemos que la reglamentación de la ley, y en definitiva la aplicación con éxito de este beneficio en Salta, dependerá de un trabajo conjunto de todos los sectores interesados.

Cr. Javier Montero, Ministro de Ambiente y Producción Sustentable del Gobierno de la Provincia de Salta.