Ivanega, Miriam M.
Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa
Buenos Aires: Rap, 2010
176 pág.; 24 x 17 cm.

Intensificar los mecanismos para hacer efectivas las responsabilidades de los agentes públicos es propio de las repúblicas democráticas. El debido celo en el ejercicio de la función, el afianzamiento del obrar ético, eficiente, responsable y probo, es una obligación para el funcionario público.
En ese marco, la potestad disciplinaria de la Administración excede el ámbito interno de ésta, para proyectarse en la sociedad, que exige conductas ejemplares por parte de los agentes públicos.
Pero el ejercicio de dicho poder jurídico requiere del respeto de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos. Así, el debido proceso legal debe desplegarse en toda su integridad en el procedimiento disciplinario, para proteger al funcionario sin descuidar los efectos positivos que también produce sobre la organización pública.