“El Compromiso es de Todos”
Por Cra. Patricia De Bock

Como en todos los países del mundo, las desigualdades sociales en Argentina son una realidad, para lo cual los gobiernos en todos sus niveles (nacionales, provinciales y municipales), deben generar políticas que aborden soluciones integrales orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. Se plantea un modelo de gestión integral que combine visiones de largo, mediano y corto plazo con planes, programas y proyectos, administrados mediante procesos integrados de planificación, gerenciamiento público, administración y control.

Este modelo de gestión planteado sólo es posible con una verdadera articulación entre todos los sectores de la sociedad, Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil y las Empresas. Pero es el Estado el que tiene mayor poder para generar políticas públicas acordes a las necesidades de cada comunidad.

El camino a seguir para lograr los objetivos de desarrollo previstos, consiste entonces en promover iniciativas de articulación público-privadas, incentivando capacidades y proyectos comunes, con políticas inclusivas, orientando el capital humano de las organizaciones en favor de un desarrollo sostenible. En ese orden aparecen dos conceptos:

• Responsabilidad Social: es la voluntad de las organizaciones de incorporar las cuestiones sociales y ambientales en sus decisiones de gobierno y rendir cuenta del impacto que esas decisiones y acciones tiene en la sociedad y el medio ambiente, con un comportamiento transparente, ético, que contribuya al desarrollo sostenible.
• Desarrollo Sostenible (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas-1987), consiste en satisfacer las necesidades de la sociedad respetando los límites ecológicos del planeta y sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. Está estrechamente vinculado a la responsabilidad social, y tiene tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental, interrelacionadas entre sí. El concepto de desarrollo sostenible ha sido propuesto por la ONU y está actualmente considerado como uno de los ejes de las estrategias de desarrollo.

De esta manera, la incorporación de la responsabilidad social en la agenda pública es un factor fundamental para obtener mayores niveles de gobernabilidad en un país, en la medida en que exista una visión compartida respecto de la sociedad que se aspira construir y la forma cómo las distintas organizaciones, especialmente las empresas, contribuirán a la realización de esa visión compartida.

Ahora bien, el compromiso no es solo del Estado, debemos repensar el rol de la sociedad, sus empresas y organizaciones en la responsabilidad y el desarrollo sustentable de su ámbito de influencia (territorio y habitantes), articulando acciones para una mejor calidad de vida. En este nuevo concepto el éxito de una organización pública o privada depende de varios factores: desempeño económico + desempeño ambiental + desempeño social + transparencia:
En una Empresa: no sólo importa cuánto gano, sino cómo lo gano.
En el Estado: no sólo importa lo que hago sino para qué, por qué, por quienes y qué realidad transforma (impacto) con la implementación de sus acciones.

El Balance Social constituye el marco común de referencia para evaluar la acción social, económica y ambiental asumida y ejercida por las organizaciones públicas o privadas. Debe advertirse, que el modelo no es estático; cada entidad debe introducir las características distintivas de su actividad socioeconómica, cultura organizacional y experiencia de gestión social. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, a través de la Comisión de Balance y Responsabilidad Social, trabaja en pos de fomentar la articulación mediante la planificación de lineamientos y la promoción de estrategias socialmente inclusivas.

ANTECEDENTES NORMATIVOS

En el año 2000, 189 países (entre los que se encuentra la Argentina) aprobaron en la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas la Declaración del Milenio que traza una serie de objetivos relacionados con el desarrollo de los países para el 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio comprenden terminar con el hambre y la pobreza extrema; las enfermedades más graves para toda la humanidad; poner fin al analfabetismo; reducir drásticamente la mortalidad infantil; alcanzar la igualdad de género y proteger el medio ambiente; entre otros objetivos. Esta iniciativa tomó forma con el lanzamiento del Pacto Global, que tuvo lugar el 26 de julio de 2000 y que se traduce en una apelación a la comunidad internacional –y en particular al sector privado– para que adhiera a valores y principios universales en las áreas de los Derechos Humanos, los Derechos Laborales y el Medio Ambiente.

Constitución Nacional
La premisa constitucional establece como función primordial del Estado velar por las condiciones de vida de la población.
Los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, contemplan el derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, la obligación de cuidar el daño ambiental mediante su protección, la racionalización de los recursos naturales y la educación e información ambientales. Las normas constitucionales aludidas también contemplan la protección de los consumidores y usuarios, de la salud, seguridad e intereses económicos y el control de los monopolios naturales y legales.

Provincia de Salta
Como un ejemplo práctico de articulación y avance en materia de políticas públicas que promueven acciones de responsabilidad social empresaria, la provincia de Salta emitió el Decreto Nº 517/11. Marco Conceptual de la Responsabilidad Social y Balance Socio Ambiental que otorga a las organizaciones que certifiquen el Balance Socio Ambiental en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta algunos beneficios.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta fue eje fundamental para el éxito de esta articulación público-privada al adoptar la normativa de FACPCE para otorgar el marco necesario de actuación a la profesión.
Decreto 4799/11. Particularmente, en la Provincia de Salta se avanzó en la implementación del Balance Social en el Sector Público y se establece la creación de la Comisión Técnica para la diagramación programática e implementación del proyecto de Balance Social en el Sector Público.