“La Agencia Regional es el perfeccionamiento de una política de control más cercana y eficiente”
Dr. Eduardo Sylvester
El pasado 29 de agosto se inauguró en la provincia de Salta, la Agencia Regional Norte de la Unidad de Información Financiera. El acto fue presidido por el ministro del Interior, Lic. Rogelio Frigerio; y por el gobernador, Dr. Juan Manuel Urtubey. Participaron también los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; y de Chaco, Domingo Peppo. Contó además con la presencia de magistrados y funcionarios de la justicia federal. La agencia Regional Norte abarca la jurisdicción de siete provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa y guarda una importancia capital en relación al lugar geográfico. Tiene su génesis en la visita que hizo el presidente Barack Obama a la Argentina a comienzo de este año, cuando se firmaron cuatro convenios, uno de los cuales tiene que ver con la recuperación del vínculo de información entre FINCEN, que es la Agencia de Estados Unidos con la UIF de la Argentina. En ese marco, se hizo referencia a la necesidad de ampliar la presencia estatal sobre todo en la frontera norte y en la triple frontera, con lo cual esta agencia viene a cumplir con ese pedido específico. Ello además fue posible gracias a un acuerdo político entre el gobernador Urtubey y el ministro de Justicia, firmado en los primeros días de marzo de este año en el cual la provincia de Salta se comprometió a acompañar esta iniciativa del gobierno nacional.
El objetivo de trabajo de la Agencia no es menor. Tiene que ver con la colaboración en la lucha contra la criminalidad organizada, específicamente en la prevención y la sanción del delito de lavado de activos. Como se sabe, en la evolución actual se ha pasado de una criminalidad individual a otra mucho más compleja, organizada y que tiene sobre todo el objetivo de conseguir beneficios económicos. Esos beneficios económicos se maximizan y potencian a través de las actividades delictivas en el mercado global, con organizaciones que trascienden las fronteras nacionales y que reconducen las ganancias obtenidas a la economía legal. Las actividades tales como el narcotráfico o el financiamiento del terrorismo, la trata de personas e incluso delitos vinculados a la corrupción ocultan el dinero obtenido a través de un proceso complejo que intenta darle apariencia de licitud. Este proceso es conocido como lavado de activos y es lo que justifica el trabajo de esta Agencia de la Unidad de Información Financiera en conjunto con otras varias agencias del Estado. Como es de público conocimiento y lo hemos sufrido en nuestro país, las organizaciones criminales de carácter trasnacional cuentan con una alta capacidad técnica y una alta especialización en la materia, y se ven favorecidas por distintas medidas del marco económico mundial, el funcionamiento de los mercados internacionales y la fuerte flexibilización de las estructuras de control en algunos lugares del mundo, lo que genera una evolución permanente y una dinámica de cambio constante en los mecanismos utilizados por las organizaciones internacionales en los procesos de lavados de activos. Desde esta perspectiva, es necesario renovar permanentemente el trabajo de prevención de control y por supuesto la sanción a través de los mecanismos penales sobre todo en la justicia federal.
A nivel mundial, el grupo de acción financiera conocido como GAFI que surgió en París en el año 1989, es el organismo que se encarga específicamente de la prevención de este delito. Los países que integraban el G7 constituyen este grupo de trabajo para promover y coordinar acciones vinculadas a la prevención del delito de lavados de activos. Se complementó con la Convención de las Naciones Unidas sobre Drogas de Viena de 1988 y la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada conocida como Convención de Palermo (2001) y la Convención sobre financiación del terrorismo (1999). Las tres convenciones fueron aprobadas y ratificadas por la Argentina mediante las correspondientes leyes y a partir del año 2000 se creó la Unidad de Información Financiera, concordante con el ingreso de la Argentina al GAFI.
Nuestro país tuvo dos momentos principales en materia de regulación penal del delito de lavados de activos: primero, con la ley 25.246 que tenía un esquema en el que el delito de lavado de activos quedaba configurado como un encubrimiento agravado dentro de las figuras del encubrimiento; y luego, a partir de junio del año 2011 con la ley
26.683 -propiciada por la evaluación que se había hecho en ese momento por parte del GAFI- se hace una nueva redacción penal. En la actualidad, el tipo penal está contemplado en al artículo 303 del Código Penal, que establece una pena de prisión de 3 a 10 años y multa a todo aquel que “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito y siempre que su valor supere la suma de 300.000 pesos”. En consecuencia, a partir de la mencionada regulación y con las medidas que se vienen implementando, creemos que la creación de la Agencia Regional forma parte de una acertada política para intentar acercar los organismos del Estado a los lugares que lo ameritan, como así también, el perfeccionamiento de una política de control más cercana y eficiente puede aportar resultados mejores y más certeros en la lucha contra la criminalidad organizada. Como siempre, intentaremos aportar el mayor esfuerzo para que este nuevo emprendimiento resulte exitoso y pueda, en definitiva, ayudar a quienes más nos necesitan.
Eduardo Sylvester es abogado especialista en Derecho Penal. Trabajó 10 años en la justicia federal de Salta y Jujuy, llegando a los 26 años a ser Secretario Penal de la Cámara Federal de Salta. Luego fue titular de la primera Agencia Antidrogas del país, creada por Juan Manuel Urtubey en 2009. Posteriormente, a los 32 años fue Ministro de Seguridad de la provincia de Salta, y luego Ministro de Gobierno.
Trabajó también como Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta.